Rechazo al cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
Ante el anuncio del Gobierno Nacional de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desde el Colegio de Trabajadorxs Sociales de Lomas de Zamora expresamos nuestro rechazo a una medida que no puede leerse como una simple reorganización administrativa, sino como una decisión política de ajuste que impacta de manera directa en la garantía de derechos de las personas con discapacidad.
La ANDIS fue creada como un organismo especializado, con responsabilidad específica en la coordinación de políticas públicas en discapacidad. Su cierre implica la pérdida de una institucionalidad específica, la dispersión de funciones y el debilitamiento de políticas que requieren centralidad, continuidad y enfoque propio.
El traspaso al Ministerio de Salud también reafirma una mirada en sentido contrario a la Convenciones Internacionales y legislación nacional. La discapacidad no es un problema de salud ni individual, sino una cuestión social y política atravesada por barreras estructurales, desigualdades y exclusiones.
Reducirla a una lógica general o subsumirla dentro de un enfoque meramente médico refuerza miradas asistencialistas y medicalizantes que ya han demostrado ser insuficientes y regresivas.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacida obliga al Estado a garantizar políticas específicas, organismos responsables, enfoque de derechos humanos y condiciones institucionales adecuadas para su cumplimiento. El cierre de la ANDIS contradice de manera directa ese mandato.
Las políticas públicas no son abstractas. Se traducen —o se retraen— en la vida cotidiana de las personas. Las medidas regresivas en materia de discapacidad, sumadas al ataque sistemático del Gobierno a las políticas específicas del sector, producen efectos concretos sobre la salud, la salud mental y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.
La incertidumbre permanente respecto de pensiones, prestaciones, apoyos y dispositivos de acompañamiento genera angustia y deterioro en la salud mental de las personas con discapacidad y sus familias. Estos apoyos no son “beneficios”, sino condiciones materiales indispensables para una vida digna, autónoma y con inclusión social.
El desmantelamiento institucional, la deslegitimación pública de las políticas de discapacidad y los discursos que ponen en duda la validez de los derechos adquiridos refuerzan procesos de estigmatización, desvalorización y sufrimiento subjetivo, profundizando situaciones de aislamiento, retraimiento social y sobrecarga familiar.
Asimismo, el debilitamiento del rol del Estado incrementa las desigualdades preexistentes: quienes cuentan con recursos económicos pueden amortiguar el impacto de estos recortes, mientras que las personas con discapacidad en contextos de mayor vulnerabilidad quedan expuestas a mayores riesgos, discontinuidades en tratamientos, pérdida de apoyos y deterioro de su salud integral.
Por todo lo expuesto, nos pronunciamos en contra del cierre de la ANDIS y exigimos el sostenimiento y fortalecimiento de políticas públicas en discapacidad, con institucionalidad específica, participación activa de las personas con discapacidad y pleno cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino.
La discapacidad no puede ser nunca una variable de ajuste.
Gobierna la casta. Se ajustan derechos.
